Por: Carlos Rivera Paz
La ley penal nacional y el derecho internacional establecen un marco normativo de prohibición absoluta para el otorgamiento del indulto al condenado Alberto Fujimori Fujimori. Por ello, a continuación, comentamos los obstáculos insalvables que el Presidente Pedro Pablo Kuczynski debe tener muy presente.
- La ley penal nacional prohíbe el indulto a condenados por secuestro agravado.
La Sala Penal Especial juzgó y condenó a Alberto Fujimori por la comisión del delito de secuestro agravado en agravio del periodista Gustavo Gorriti Ellembogen –el 5 de abril de 1992– y del empresario Samuel Dyer Ampudia –el 27 de julio de 1992–.
Frente a ello, la ley N° 26478, promulgada por el mismísimo Alberto Fujimori en junio de 1996, establece una prohibición expresa para el otorgamiento "del beneficio del indulto…"para los condenados por el delito de secuestro agravado. Posteriormente, la ley N° 28760, promulgada el 13 de junio del 2006 ratifica –también expresamente– que "no procede el indulto, ni la conmutación de penas a los condenados por los delitos de secuestro y extorsión…". De esta manera la prohibición se extiende a todas las figuras del delito de secuestro.
- El derecho internacional prohíbe el indulto a condenados por graves violaciones a los derechos humanos y/o crímenes de lesa humanidad.
Los casos de Barrios Altos y La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad.
La sentencia dictada por la Sala Penal Especial, presidida por el juez San Martín en el parágrafo 823, condena a Alberto Fujimori como autor mediato los delitos de asesinato, lesiones graves (Barrios Altos y La Cantuta) y secuestro agravado (Gorriti y Dyer), estableciendo que, "Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal.".
El asesinato, las lesiones graves y secuestro agravado, están tipificados en el Código Penal de 1991. Lo que hizo el tribunal fue calificar los hechos de Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa humanidad, de acuerdo al derecho penal internacional. Ésta es una calificación complementaria que no tiene efectos incriminatorios ni punitivos, aunque sí consecuencias de carácter secundario. En los Fundamentos Jurídicos la sentencia presenta el desarrollo histórico de los delitos de lesa humanidad desde los Convenios de La Haya, relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907, así como de la noción de crímenes de lesa humanidad que por primera vez fue consagrada de manera explícita en el artículo 6° del Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg (1945). Así, hacia 1991, toda la comunidad internacional no tenía duda que crímenes como Barrios Altos y La Cantuta constituían un ataque no solo contra las víctimas directas, sino contra el conjunto de la humanidad.
En el juicio se logró acreditar que Barrios Altos y La Cantuta fueron 2 de una docena de operaciones ejecutadas por el Destacamento Colina entre 1991 y 1992, en las cuales siempre ejecutaron personas, acreditando así el ataque sistemático. Se probó que esos hechos eran parte de una política de Estado; que los ejecutores materiales y el autor mediato eran funcionarios públicos y que las víctimas eran parte de la población civil, demostrándose los cuatro requisitos que el derecho penal internacional exige para calificar un hecho como crimen de lesa humanidad.
El caso Barrios Altos fue reabierto en abril del 2001, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró sin efectos jurídicos las leyes de amnistía. Algunos meses después, el 13 de setiembre del 2001, la Vocalía de Instrucción abrió el proceso penal contra Alberto Fujimori por este caso al haberse establecido que había desarrollado "…mecanismos de violación sistemática de los derechos humanos con el pretexto de acabar con los últimos rezagos de los movimientos subversivos que operaban en el país…". El año 2002 el fiscal Richard Saavedra, y el 2003, el fiscal Eduardo Mundaca, se pronunciaron señalando expresamente que –al amparo del derecho internacional consuetudinario– Barrios Altos constituía un crimen de lesa humanidad.
Durante el juicio oral el intenso debate probatorio sobre la existencia de un contexto de violación de los derechos humanos durante los noventa ayudó a la parte civil, desde la primera sesión, a desarrollar los fundamentos del crimen de lesa humanidad. En este debate participó la defensa del condenado. Así, la calificación no fue una sorpresa, sino una conclusión.
La calificación no es declarativa ya que sí tiene efectos de carácter secundario, porque cuando un hecho es calificado como un crimen de lesa humanidad automáticamente se transforma en imprescriptible y habilita la jurisdicción universal, quedando prohibidos el otorgamiento de amnistías e indultos. Esta prohibición la encontramos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así, en la sentencia Gutiérrez Soler Vs Colombia, del 12 de setiembre del 2005, la Corte Interamericana declara expresamente que "…El Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción…" (Fundamento 97 de la sentencia).
Adicionalmente, resulta necesario considerar también lo señalado por la Corte en la Resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia del caso Barrios Altos, del 7 de setiembre del 2012, en la cual establece que "…el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, como las ocurridas en el presente caso".
Entonces, no queda duda que estando Alberto Fujimori condenado por los delitos de asesinato y lesiones graves tipificados en nuestra ley penal nacional, tales delitos de acuerdo al derecho penal internacional constituyen crímenes de lesa humanidad.
- El condenado no ha hecho un reconocimiento de sus crímenes, ni ha mostrado voluntad de arrepentimiento.
Si el objetivo de la pena es lograr la readaptación social del condenado, entonces resulta necesario verificar si ello ha ocurrido en el presente caso. Lo que podemos concluir es que el condenado Fujimori hasta la fecha ha mantenido una absoluta negación de su participación criminal en los hechos que fueron materia de juzgamiento y condena. Hecho que también ha sido parte central de la estrategia política del fujimorismo y de sus familiares más cercanos, la cual inclusive ha llegado a calificar a la sentencias del Poder Judicial como el resultado de una "venganza política".
Entonces no existe ninguna voluntad de arrepentimiento y de colaboración con el esclarecimiento de otros hechos de la misma naturaleza.
- El condenado Fujimori no ha hecho público una expresión de perdón a los familiares de las víctimas.
Considerando que Alberto Fujimori fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos, que califican como crímenes de lesa humanidad, resultaría absolutamente pertinente la exigencia de expresiones de perdón de parte del condenado hacia los familiares de sus víctimas. El hecho es que tal exigencia jamás se ha dado.
- El condenado no ha cancelado la reparación civil.
Un dato elemental de la voluntad de reparación a favor de los familiares de las víctimas –entre las que se encuentra un menor de 8 años de edad– sería el pago de la reparación civil impuesta por el tribunal, pero el condenado Alberto Fujimori no ha cancelado ninguna reparación civil a ninguna de sus víctimas.
- Alberto Fujimori debe afrontar el proceso judicial por el caso Pativilca y la investigación por las esterilizaciones forzadas.
La sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Chile –de fecha 5 de junio del 2017– autorizó la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori por la comisión del delito de asesinato en agravio de 6 pobladores de Pativilca –hecho ocurrido el 29 de enero de 1992–, y que el supremo tribunal chileno ha calificado también como un crimen de lesa humanidad.
Esta ampliación de la extradición determina que Alberto Fujimori tiene ahora la condición jurídica de procesado por el caso Pativilca, y teniendo esta condición cualquier beneficio de indulto no le alcanza, ya que este beneficio solo comprende el perdón de la pena, es decir, se aplica exclusivamente a personas condenadas, no procesadas.
Si bien el artículo 118°, inciso 21 de la Constitución Política otorga al Presidente de la República la atribución de otorgar el beneficio de la gracia a personas procesadas penalmente, el hecho es que ello significaría una evidente intromisión del Poder Ejecutivo en el juzgamiento de un crimen de lesa humanidad.
En el presente caso Pativilca, teniendo en consideración los antecedentes de fuga de Alberto Fujimori, su sometimiento al proceso debe ser con mandato de detención.
Adicionalmente, se debe considerar que en la actualidad Alberto Fujimori está investigado ante el Ministerio Público en el caso de las esterilizaciones forzadas perpetradas durante su gobierno.
- Alberto Fujimori no califica para el indulto humanitario.
En el caso de los indultos humanitarios para condenados por graves violaciones a los derechos humanos, no existe una prohibición en el derecho internacional. Este indulto se otorga por un principio de humanidad ante el grave estado de salud del condenado.
Ahora bien, en ambos casos –indultos comunes e indultos humanitarios– su otorgamiento solo procede como consecuencia del cumplimiento de los procedimientos establecidos en el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. Si bien el indulto es una facultad constitucional del Presidente de la República, el otorgamiento a un condenado no puede ser el resultado de una decisión arbitraria del jefe de Estado.
El mencionado reglamento establece que solo se recomendará el indulto humanitario para "a) los que padecen de una enfermedad terminal; b) Los que padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad; y, c) Los afectados por trastornos mentales crónicos, irreversibles y degenerativos; y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad".
Resulta indispensable que el condenado, sus familiares o su abogado, presenten una solicitud a la mencionada comisión. En el caso del indulto humanitario, luego de la solicitud se debe instalar una Junta Médica Penitenciaria, la que debe emitir opinión técnica sobre el estado de salud del solicitante.
De acuerdo a las informaciones públicas, el estado de salud del condenado Alberto Fujimori no califica para el otorgamiento de este tipo de indulto.
jueves, 21 de septiembre de 2017
Sobre el indulto. Para su información y de ser posible difusión.
viernes, 15 de septiembre de 2017
El docente según el Papa Francisco
"El Sol no se apaga durante la noche, se nos oculta por un tiempo por encontrarnos «al otro lado», pero no deja de dar su luz y su calor. El docente es como el Sol. Muchos no ven su trabajo constante, porque sus miras están en otras cosas, pero no deja de irradiar luz y calor a los educandos, aunque únicamente sabrán apreciarlo aquellos que se dignen «girarse» hacia su influjo.
Yo les invito a ustedes, profesores, a no perder los ánimos ante las dificultades y contrariedades, ante la incomprensión, la oposición, la desconsideración, la indiferencia o el rechazo de sus educandos, de sus familias y hasta de las mismas autoridades encargadas de la administración educativa.
La educación es el mejor servicio que se puede prestar a la sociedad, pues es la base de toda transformación de progreso humano, tanto personal como comunitario. Este sacrificado servicio pasa desapercibido para muchos.
Probablemente, ustedes no podrán ver el fruto de su labor cuando éste aparezca, pero estoy convencido de que gran parte de sus alumnos valorarán y agradecerán algún día lo sembrado ahora. No confundan nunca el éxito con la eficacia. En la vida no siempre lo eficaz es exitoso y viceversa.
Tengan paciencia, mejor, esperanza. No olviden que la clave de toda obra buena está en la perseverancia y en ser conscientes del valor del trabajo bien hecho, independientemente de sus resultados inmediatos. Sean fuertes y valientes, tengan fe en ustedes y en lo que hacen.
Que Dios les bendiga y bendiga su anegadas labor diaria, la mayoría de las veces oculta, silenciosa e inapreciada, pero siempre eficaz y valiosa"
(Papa Francisco).
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jueves, 24 de agosto de 2017
AL MAESTRO CON RESPETO
Teresa Tovar Samanez
Por Diario UNO el agosto 7, 2017
Los cambios son importantes tanto por los resultados que consiguen como también por los procesos que suscitan y desencadenan. En educación estos cambios han dejado siempre de lado a los maestros. Si el cambio que se persigue es la revaloración de los docentes, no se puede lograr sin escucharlos ni dialogar con ellos.
El acuerdo de la PCM y el MINEDU con los gobernadores regionales sobre el levantamiento de la huelga naufraga no solo por sus resultados parciales, sino por ser unilateral e impuesto, por no tomar en cuenta a los cientos de miles de maestros movilizados en la mayoría de regiones del país.
La mayor parte de las demandas del magisterio son más que justas. Pueden y deben ser dialogadas y negociadas. Solo una ha sido considerada por los decisores (incremento de sueldo). Las otras 4 han quedado en suspenso: el pago, sin juicio, de la deuda social por preparación de clases, la democratización de las delegaciones gremiales, y la evaluación docente con finalidad formativa. Por esto el acuerdo no ha satisfecho al movimiento magisterial. Pero, además los ha decepcionado y sublevado al invisibilizarlos de la solución.
Cuando otros deciden sobre su huelga y sus vidas, los maestros se sienten humillados y reivindican su dignidad junto con sus demandas. Lo ocurrido se asemeja en parte cuando un grupo de varones o de políticos quiere decidir sobre la vida y cuerpos de las mujeres, e incluso legislar sobre ello. En ambos casos están la marginación, la imposición y la amenaza de punición. Así mismo, en ambos, se niega el diálogo, la democracia, y se pisotea la dignidad.
Hoy se ha ensanchado aún más la distancia entre las reformas y los maestros, entre el Estado y el movimiento social. Ignorarlos y llamarlos terroristas se ha sumado a una larga historia de descalificaciones. Ya Alan García los llamó ociosos y comechados, precisamente cuando durante su 1er gobierno ocurrió la caída más brutal de los salarios docentes de los últimos 40 años. Como declaró una maestra en la Plaza San Martín: si fuéramos terroristas, Lima ahora estaría ardiendo.
No me extraña que sectores conservadores y/o gubernamentales ninguneen y etiqueten a los maestros de subversivos. Sí me sorprende que lo hagan o permanezcan en silencio quienes se dicen progresistas y hacen sendos discursos sobre la revaloración docente. En todo caso, al radicalismo insensato se le pelea la hegemonía de la mano de los maestros. No se le deja la cancha libre.
viernes, 18 de agosto de 2017
PERÚ: SEGUNDO PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA HUELGA DEL MAGISTERIO
SEGUNDO PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA HUELGA DEL MAGISTERIO
Los que suscribimos, fundadores del SUTEP, ex dirigentes nacionales y regionales, ante la intransigencia del gobierno para dar solución a las justas demandas del magisterio, nos dirigimos a los maestros y maestras del país y la opinión pública, para expresar
lo siguiente:
1. Han transcurrido casi dos meses desde el inicio de la justa lucha de los maestros y maestras del país en exigencia por la solución de sus demandas laborales y sociales para mejorar la pobre situación de la educación pública nacional. Sin embargo, el gobierno
muestra de un lado, una inexplicable intransigencia calificando la lucha del magisterio como vinculada con organizaciones terroristas, y de otro lado, pretende arbitrariamente suplantar la legítima representación de los maestros en lucha por el actual CEN del SUTEP, hegemonizado por el partido político "Patria Roja", que ha perdido toda legitimidad en el magisterio nacional.
2. En este contexto, las declaraciones públicas del actual CEN demuestra su política antidemocrática que sataniza al movimiento magisterial, difamando a los maestros/as de base como terroristas. De este modo, el actual CEN del SUTEP, confirma ser un aliado
incondicional del gobierno, defraudando a los maestros del país a los que dice representar.
3. A pesar de esta ofensiva del gobierno y sus aliados, la lucha de los maestros del país viene ganando la adhesión de la comunidad educativa, organizaciones sociales y pueblo en general, porque ha puesto en evidencia la crisis de la educación y la negligencia
de los gobiernos que abandonan a la niñez porque no destinan el presupuesto necesario para una educación de calidad.
4. Este gobierno busca imponer una reforma educativa centralizada y desvinculada de la realidad socio-económica de las diferentes regiones del país e igualmente niega la participación de los maestros y maestras, quienes son los principales actores y ejecutores
para que una reforma educativa, verdaderamente responda a las necesidades de desarrollo de los pueblos del Perú.
5. Por tanto, recordamos a los maestros y maestras del Perú que toda conquista requiere fortaleza, unidad y mística de lucha para afrontar y superar las maniobras de desgaste y desconcierto que está implementando el gobierno y aliados para debilitar la justa
lucha magisterial. Por consiguiente, es indispensable que consoliden y resistan la ofensiva, ¡NI UN PASO ATRAS! hasta que se resuelvan los puntos fundamentales de las demandas para esta coyuntura.
6. Invocamos la comprensión de los Padres de Familia porque esta lucha no solo es por mejores condiciones de trabajo y vida de los maestros sino también en demanda para garantizar una Educación pública gratuita y de Calidad, a la que tienen derecho todos los
peruanos. Igualmente hacemos un llamado a todos los Gremios de Trabajadores del Perú para pronunciarse en apoyo a la justa lucha de los Maestros del país.
Lima 13 de agosto 2017.
Julio Pedro Armacanqui Flores, Carlos Gallardo Gómez, Alfredo Rodríguez Torres, José Pacheco Ampuero, Alfonso Milla Atauje, Eduardo Villafuerte Rojas, Eva Flores Ponce, Rebeca Nicolás Herrera, Hugo Lipa Quina, Manuel Rivas Valera, Roberto Martínez Pérez, Nilda
Barbarán, Martín Oré, Onofrio Coacalla Tintaya, Juan Valencia Manrique, Américo Rodriguez Jara…siguen firmas
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Fwd: [EL PROFE7] DIGNIDAD MAGISTERIAL IGNORADA
viernes, 11 de agosto de 2017
Sinesio López: Perú: La justicia mediática
De: PRODEMU FM <radioprodemu@gmail.com>
Enviado: viernes, 11 de agosto de 2017 07:57 a.m.
Asunto: Sinesio López: Perú: La justicia mediática
Perú: La justicia mediática
Sinesio López
El caso Humala y Nadine muestra con claridad la falta de autonomía de la Fiscalía y del Poder Judicial. Varios factores inciden en este problema, pero me parece que lo más importante son el Congreso fujimorista, el fujimorismo y el Apra como partidos, los medios concentrados y la mediocridad de muchos de sus cuadros.
El poder avasallador del Congreso (controlado por el fujimorismo y por su apéndice aprista) influye (y busca influir más) en todos los organismos de control (Poder Judicial, CNM y TC) y atemoriza o seduce a los fiscales y a los jueces. Ellos creen probablemente que su futuro depende, en gran medida, de la mayoría avasalladora del Congreso. Las comisiones investigadoras del Congreso también los intimidan. La Comisión de Lava Jato, por ejemplo, se ensaña con sus enemigos y encubre a sus jefes, amigos y compañeros.
El fujimorismo y el Apra son los partidos que tienen más militantes y simpatizantes en las filas de la Fiscalía y del Poder Judicial. Ellos se encargan de blindar a los políticos de sus simpatías y de acusar y juzgar con severidad a los que no gozan de las mismas. Hace poco AG se ufanaba de haber salido airoso e impoluto de más de una treintena de veces que ha sido investigado por el Poder Judicial. Los políticos honestos se ufanan, en cambio, de nunca haber pisado las oficinas de un juez.
Los medios concentrados son los que ejercen mayor presión sobre jueces y fiscales. Como todo oligopolio, su poder es inmenso y no tiene contrapesos. Ellos acusan, procesan y juzgan y los fiscales y jueces, que carecen de agenda propia de lucha contra la corrupción, terminan sometiéndose a sus designios. Es probable que la mayoría de la casuística judicial provenga de los medios concentrados que inflan y levantan las acusaciones contra sus enemigos y encubren y silencian las de sus amigos. (Seguir leyendo)
"La coyuntura de Venezuela es comparable al Chile de Allende o la Segunda República española"
Enric Llopis
Entrevista al analista internacional y activista, Carlos Martínez
La batalla geopolítica actual tiene uno de sus escenarios en las redes sociales. El analista internacional y activista, Carlos Martínez, no es neutral. En la contienda que enfrenta en Venezuela al presidente Maduro y sus seguidores con la oposición derechista, Martínez difunde mensajes como que "El narcofascismo financiado por Estados Unidos da su opinión sobre Venezuela". Se refiere a las declaraciones del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en las que éste pide una intervención para que cese "el asesinato del pueblo venezolano y se recupere la democracia". Durante el mandato (2002-2010) del autor de estas afirmaciones, organizaciones de derechos humanos denunciaron crímenes de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos en Colombia.
Carlos Martínez ha respondido asimismo a un mensaje del cantante Miguel Bosé en twitter en el que el artista realizaba una petición al presidente Maduro: "Que deje de matar a su pueblo". El activista recuerda que Bosé participó en 1981 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, durante la dictadura de Pinochet. Asimismo ha informado de la destitución de Luisa Ortega en el cargo de Fiscal General de Venezuela, a quien ha sustituido el actual defensor del pueblo, Tarek William Saab. "Gobiernos de Latinoamérica y el mundo rechazaron este hecho", según un titular del diario El País.
-¿Qué batalla se está librando realmente en Venezuela, más allá de la propaganda mediática que pinta un enfrentamiento entre la "dictadura" de Maduro y la oposición "democrática" que se rebela en la calle?
En Venezuela se está librando la atávica lucha en la que se enfrentan desposeídos contra ricos. Ni Venezuela es la dictadura que describen los medios, ni a los poderosos ni a sus subordinados les importa la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Es inevitable comparar la actual coyuntura de Venezuela con el Chile de Allende o la Segunda República Española, con la circunstancia agravante de que Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo.
-¿Qué avances y déficit resaltarías de las presidencias bolivarianas?
Las reservas de crudo son a su vez una bendición y una condena. Cuando el barril de petróleo tenía un precio de venta de 150 dólares era fácil gobernar en Venezuela, pero cuando los ingresos han caído a la tercera parte es imposible realizar las mismas políticas. El principal "debe" de los gobiernos bolivarianos es que se han centrado en una redistribución casi caritativa aunque justa, pero no han puesto las bases para disponer de una economía que no dependa exclusivamente del precio del petróleo en los mercados internacionales.
En su "haber" hay que reconocer a Hugo Chávez y sus herederos políticos el éxito de la toma de poder político en Venezuela, sus políticas asistencialistas en sanidad, vivienda y educación. Y sobre todo, y lo más importante es su valentía para haber acabado con la sumisión hacia el imperio, recuperando la soberanía económica y política. (Seguir leyendo)
